La presentación de documentación falsa o inexacta en las contrataciones públicas – Parte I

Es común que las empresas que participan en las contrataciones públicas presenten documentación falsa y/o inexacta en sus ofertas con el propósito de cumplir un requisito o de obtener una ventaja durante el procedimiento de selección o durante la ejecución contractual. Ante ello, ¿cuáles son las sanciones que establece la normativa de contrataciones del estado frente a esta infracción? ¿Qué derechos y acciones tiene un administrado si conoce estas irregularidades? ¿Qué debe hacer una entidad pública si conoce estos hechos? A continuación responderemos estas y otras interrogantes:

1. Principio de integridad y otros principios en las contrataciones públicas

La normativa de contrataciones del estado se rige bajo el principio de integridad que exige a los participantes regirse bajo una conducta guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida. Asimismo, el procedimiento administrativo general se sustenta fundamentalmente en el principio de presunción de veracidad, a través del cual se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos, y en el principio de privilegio de controles posteriores, el cual permite a la autoridad a realizar la fiscalización posterior de la documentación presentada por los administrados, con la finalidad de comprobar la veracidad de la información presentada, dar cumplimiento a la normativa aplicable y aplicar las sanciones que correspondan.

2. Fiscalización o verificación posterior de la oferta ganadora

Asimismo, dicha normativa establece que una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la entidad al que se le haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro, con la finalidad de comprobar la inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada por el postor. Sin embargo, ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta dar inicio a esta fiscalización? ¿Cuánto es el tiempo máximo que puede demorar las acciones de fiscalización? Estos son algunos vacíos que existen en la normativa y que deberán ser cubiertos por los documentos de gestión interna o por los mismos operadores del derecho de las entidades públicas.

3. Infracción y sanción

El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas con una inhabilitación para contratar con el estado no menor de 03 meses ni mayor de 36 meses, cuando presenten información inexacta a las entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras. En el caso de las entidades, esta información inexacta debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Asimismo, sanciona con una inhabilitación no menor de 36 meses ni mayor de 60 meses la presentación de documentación falsa o adulterada a las referidas entidades.

4. Definición de documentación falsa y/o inexacta

El Tribunal de Contrataciones en diversas resoluciones ha indicado que la “información inexacta supone la presentación de documentos y/o declaraciones cuyo contenido no es concordante con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta y el quebrantamiento de los principios de Moralidad y de Presunción de Veracidad”. Por su parte, “la presentación de documentos falsos o adulterados implica que el documento no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido”.

5. Derecho a denunciar

La normativa de contrataciones del estado faculta a los partícipes de un proceso de contratación a comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna cualquier práctica indebida que vaya en contra del principio de integridad. Asimismo, la normativa del procedimiento administrativo general establece que todo administrado está facultado para comunicar aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, lo que significa que no solo los participantes dentro de un proceso de contratación sino cualquier ciudadano está en la facultad de denunciar todo tipo de hechos que vulneren las contrataciones públicas.

6. Deber de la entidad

Finalmente, toda entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, directamente o a través de terceros. Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación son responsables de conducir el proceso de contratación de manera eficiente, de manera que están en la obligación de impulsar de oficio la fiscalización posterior de las ofertas ganadoras de la buena pro en forma oportuna, o cuando haya sido interpuesta una denuncia por un participante de un proceso de contratación o a cuando así lo haya solicitado cualquier ciudadano.

Ahora coméntanos, ¿has conocido algún caso de presentación de documentación falsa o inexacta durante un procedimiento de selección? ¿Qué medidas tomaste o tomarías ante ello? ¿Deseas que te ayudemos a denunciar un hecho que vulnera la normativa de contrataciones del estado? ¡Valoramos tus comentarios!

Para enviar tus consultas, puede llamarnos o escribirnos al whatsapp 940305024 o escribir tu consulta a ventas@contrataconelestado.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

× 940305024